En nuestro mundo al revés, cuando se lucha contra el fascismo te persiguen por "terrorista" y si te torturan, se asciende a los torturadores y a ti te sancionan.
Copi-pega de aquí
El 20 de julio de 2017 un agente
judicial me notificaba en la prisión de Picassent la imposición de una
multa de 600 euros, en relación a las torturas a las que fui sometido en
noviembre de 2012, en el módulo de aislamiento de Sevilla II. Esta
multa (que se traduce en un mes más de prisión por insolvencia), hay que
unir un año de cárcel adicional al considerar el Juzgado Nº 12 de
Sevilla que yo fui el agresor a los carceleros. La realidad por la que
pasé fue muy diferente.
Entre cuatro funcionarios, que acumulan
incontables denuncias por malos tratos y torturas, tanto a presos
políticos como a sociales, me dieron una paliza con porras, patadas,
rodillazos, puñetazos... mientras que me encontraba esposado y desnudo.
Justo
antes de perder el conocimiento, la última imagen que recuerdo es como
se codeaban entre ellos para ver quien cogía la mejor posición para
golpear con más saña. Cuando recobré el conocimiento estaba siendo
arrastrado desnudo esposado a la espalda, sin apenas un suspiro de
energía para oponer resistencia... sangrando por la boca.
Mis
pies se deslizaban sobre mi propia sangre dejando dos sucios bermellones
por los pasillos de aislamiento hasta llegar a una celda de castigo,
donde me ataron a un somier de acero, de pies, manos y cintura. En
ese potro de tortura mientras yo escupía sangre a borbotones, los
funcionarios hacían lo propio con su odio de clase (como fieles
mercenarios del capitalismo), a modo de insultos contra mi condición de
preso político comunista.
El dolor en el pecho era insoportable cada vez que tosía. Uno de los carceleros comentó: “habrá que atarlo boca abajo, no se vaya a ahogar con su propia sangre”.
Y
así me dejaron durante 48 horas, desnudo en pleno invierno, con la
ventana abierta, orinándome encima. No recibí ni ropa, ni mantas, ni
comida, ni agua. Cuando una ATS por fin se personó para levantar informe
médico, la celda de castigo se llenó de uniformados, con la clara
intención de amedrentar a aquella joven. He de agradecer la fortaleza de
aquella mujer, por priorizar su profesionalidad. En el parte médico
escribió: “... al menos una veintena de abrasiones en la espalda,
claramente causados por objetos contundentes, provocando un hematoma
masivo generalizado por cuello, espalda, brazos y piernas...”, a lo que añadía: “igualmente presenta un diente roto (con abundante sangrado), abrasiones en el rostro y un fuerte golpe en la frente...”.
Un
informe médico de esta índole sería más que suficiente en cualquier
país de democracia burguesa para procesar a los carceleros y al director
de la prisión. Pero en el Estado español la maquinaria represiva está
bien engrasada contra sus enemigos políticos. Por lo que el poder
judicial tampoco se ha salido del guión establecido. Así es que lo que
resulta relevante para sus señorías son los relatos de los torturadores,
para los cuales de repente me convertí en un ser enajenado, violento y
sin control que no paraba de agredirles. La jueza tragó con toda la
sarta de incoherencias y embustes que los carceleros tuvieron a bien
inventarse. Sin embargo, ateniéndonos al parte de lesiones de los
funcionarios, tan solo uno de ellos presentaba “una tumefacción dolorosa a nivel del primer metacarpiano de la mano derecha”.
O sea, que al señor funcionario nº 96.764 se le había ido la mano...
derecha... mientras los números 67.951, 96.980 y 36.178 optaron por
utilizar el instrumental especializado.
Todas las cámaras del
módulo de aislamiento grabaron lo sucedido, pero ni la jueza de
instrucción de Morón de la Frontera, ni la del Juzgado de lo penal nº 12
de Sevilla tuvieron en cuenta mi denuncia, ni admitieron a trámite la
petición de mi abogado para que la visualización de las cámaras sirviera
como prueba principal para mi defensa (ya que mi denuncia ni siquiera
fue admitida a trámite). Tampoco fue tenido en cuenta como prueba mi
parte médico.
Para la jueza resultaba más que suficiente el cuento victimista de esos “grandes defensores de los derechos humanos”, como calificó a los carceleros que me torturaron, al finalizar el juicio: “Los hechos declarados –dice el auto condenatorio– probados se consideran acreditados por el conjunto de pruebas practicadas y ratificadas en el acto del juicio oral”. Y estas son las garantías constitucionales de un “juicio justo” en un régimen represivo: “En
concreto, las firmes declaraciones de los funcionarios que tuvieron
intervención en los hechos, los cuales han expuesto de manera
coincidente, coherente y razonada la sucesión de los hechos, que culminó
con la reducción e inmovilización del acusado”.
Entonces
¿para qué tener en cuenta las pruebas objetivas o indagar si las
denuncias de violación de derechos humanos tienen algún fundamento, si
los señores funcionarios ya habían relatado lo ocurrido? Todo queda en
casa ¿verdad señora jueza? ¿Qué más da que otros presos políticos (como Arkaitz Bellón, al que estos mismos carceleros agredieron y el cual murió en una celda de aislamiento pocos meses después,
y al que aprovecho para rendir sentido homenaje), hubieran sido
agredidos impunemente en ese mismo módulo de aislamiento? ¿Qué tendrá
que ver que los juzgados mencionados estén copados con denuncias por
torturas y malos tratos en la prisión de Sevilla II-Morón de la
Frontera? ¿Qué más da que la Comisión de Derechos Humanos de la UE haya
señalado a Sevilla II como una cárcel bajo investigación, dada la gran
cantidad de este tipo de denucias que acumula? ¿Qué importa todo ésto,
si los torturadores hicieron “firmes declaraciones” y “han expuesto de manera coincidente” la “sucesión de los hechos”. Pues creo que, efectivamente, no queda mucho más que decir.
Unicamente
la reflexión de que, si estos son los más altos niveles de democracia y
libertad que este sistema político está dispuesto a ofrecernos, será
cuestión de cada cual (y del conjunto de todos nosotros) el atreverse a
mirar de frente a la cruda realidad y decidir qué es lo que se tiene que
hacer para que ningún preso político (ni social) vuelva a ser torturado
o maltratado; siempre teniendo en cuenta que las prisiones son, tan
solo, un eslabón más del sistema represivo de este Estado.