17/10/17

España arde ...y alguien gana con ello.

Los incendios forestales los provocan las empresas que cobran por extinguirlos  

Daniel Toledo

 

 


Parece complicado relacionar los 64 muertos, 200 heridos y 53.000 hectáreas que sucumbieron a causa del incendio de Pedrógão Grande, en junio de 2017, con una serie de reuniones informales convocadas cada año, desde 2001, por un grupo de empresarios españoles en el hotel de carretera El Cruce, en una salida de la Autovía de Andalucía, en Manzanares (Ciudad Real). En realidad parece complicado relacionar las muertes de Pedrógão, y la superficie calcinada por incendios en Portugal y España en lo que va de año —118.000 hectáreas sólo en Portugal—, con otra causa que no sea la ineptitud política, los intereses de empresas locales y de pequeños propietarios de tierras, la plantación descontrolada de eucalipto o los pirómanos. Y sin embargo, los fuegos que arrasan cada año la Península Ibérica se alimentan no sólo de oxígeno y madera, sino sobre todo de corrupción. Los servicios de extinción se han privatizado en las últimas dos décadas, y existe un cártel empresarial que acude a todos los concursos públicos y los gana. El dinero público y los recursos que se debían dedicar a la prevención se desvían casi exclusivamente a la extinción privada. Los bosques, abandonados, son una pira en potencia. El Estado mira hacia otro lado, y permite que la mafia del fuego se enriquezca cada vez más: la Audiencia Nacional cifra en 250 millones de euros la cantidad defraudada durante casi 20 años de concursos amañados.
Esta es la conclusión a la que se llega si se estudian las investigaciones por corrupción en la adjudicación de contratos públicos de extinción de incendios realizadas en Valencia, Andalucía, Baleares, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cataluña y Aragón. En Portugal comienza a haber denuncias de casos similares, con los mismos empresarios que en España, interpuestas por particulares y por trabajadores de empresas públicas y privadas anti incendios. Incluso hay un proceso abierto desde 2015 que mantiene como imputado al exministro de Administración Interna portugués Miguel Macedo. Es un modus operandi que se ha extendido a otros países como Italia, Francia e incluso Chile, pero en todas existe un denominador común: todas llevan la marca España.

En 2001 comenzaron una serie de reuniones periódicas entre los administradores de cuatro grandes empresas españolas de extinción de incendios: Avialsa, Faasa, Trabajos Aéreos Espejo y Trabajos Aéreos Martínez Ridao. Con el tiempo, a estas se les unirían otras dos, Compañía de Extinción General de Incendios, S.A. —CEGISA—, que incluía el conglomerado de Inaer y ambas, hoy, como filiales del gigante Grupo Habock, y Transportes Aéreos Extremeños, S.L. Estas seis empresas forman lo que la Policía Judicial denomina el “Grupo 6”, de cuyas primeras reuniones saldría un sistema delictivo que atraería a un total de 14 empresas, agrupadas en la Asociación Española de Compañías Aéreas —AECA—, según el sumario que llegó, desde el juzgado de Instrucción 2 de Sagunto, en Valencia, a la Audiencia Nacional en enero de 2017.

En el auto de las diligencias previas elaborado por el juzgado de Sagunto, al que hemos tenido acceso gracias a Armando Cáceres, de Ecologistas en Acción —organización personada como acusación en la causa abierta en Andalucía—, queda “suficientemente acreditada la existencia de una organización, englobada en el conjunto de catorce empresas asociadas en AECA, que [...] alteraban el precio de los concursos públicos tanto en relación a aviones de ala fija como de helicópteros, tanto a nivel nacional como autonómico, para o bien dejar desiertos los concursos, a los efectos de incrementar el precio de licitación, o acudiendo en la mayor parte de los concursos tan solo una empresa, por el precio máximo de licitación y por ende, adjudicándoselo por dicho importe, o presentando varias ofertas, de las que previamente eran conocedoras cuál iba a ser la adjudicataria [...] y causando por ello un importante perjuicio económico para el erario público”.

Las catorce aeronáuticas llevan, presuntamente, casi veinte años vertebrando un sistema de manipulación de un mercado del que no sólo dependen la supervivencia de bosques, parques naturales o reservas, sino también de casas, fincas, propiedades y vidas humanas. El auto del juez Héctor Ignacio Santamaría habla de un desembolso de más de 250 millones de euros en concursos manipulados en menos de 15 años, pagados por las administraciones públicas. Voces dentro del sector hablan de sobrecostes que a veces han incrementados los costes en un 30%, gracias a la colusión de varias empresas que han logrado poner al Estado contra las cuerdas, obligándole a retirar fondos de un lado para pagar los precios abultados de otro.

El Grupo 6 llegó a redactar y firmar un pacto de asociación en el que se acordaba “respetar las zonas en las que cada compañía tiene su área de influencia, así como los nuevos contratos que cada empresa consiga que salgan a concurso público”. Así reza en el documento redactado por la “Asociación”, firmado en una primera reunión en Palma del Río, localidad cordobesa donde se encuentra la sede de la mercantil Faasa, por Miguel A. Tamarit Campuzano —Faasa—, Vicente Huerta Domínguez —Avialsa—, Fernando Espejo Delgado —Trabajos Aéreos Espejo—, y Ángel Martínez Ridao —Trabajos Aéreos Martínez Ridao—, todos ellos imputados.

Los firmantes especificaron las áreas de influencia de cada empresa que el resto debía respetar: Avialsa en Valencia y Cataluña; Martínez Ridao en Mallorca, Castilla la Mancha, Andalucía y Galicia; Espejo en Canarias y Andalucía; Faasa en Castilla y León, y Cegisa —por medio de Inaer— en Portugal. El acuerdo firmado entre los gerentes de las empresas, cuyo acto fue filmado para asegurar su cumplimiento en un futuro, estipulaban el pago de una cuota para adquirir nuevas naves anti incendios, o para compensar a una empresa que hubiera perdido un contrato en una de sus áreas de influencia, ya fuera a manos de otra empresa fuera del cártel o de una perteneciente a éste. Los representantes de las 14 empresas investigadas en la causa iniciada en Valencia se enfrentan a acusaciones de pertenencia a organización criminal, alteración de precios en concursos públicos y delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Diversos cargos públicos se enfrentan a su vez a penas por cohecho, delito de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público y negociación prohibida a funcionario público. Entre ellos se encuentran: el exalcalde de Quartell (Valencia), Francisco Huguet, del Partido Popular —al que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal le achaca un enriquecimiento ilícito de alrededor de 800.000 € como alcalde de un municipio de 1.500 habitantes—; su mujer, María del Carmen Peiró; el exconcejal del Partido Popular Emilio Máñez; el exsecretario del Partido Popular Valenciano, exconsejero y ex delegado del Gobierno, Serafín Castellano; el ex director general de Interior de Valencia, Pedro Hidalgo; un ex alto cargo de la consejería de Interior de la Generalitat Catalana, Ramón Dinarés Bosque; el ex jefe de contratación del Departamento de Interior de Cataluña, Xavier Palmés Cosido, y el ex jefe de la Sala Central de Bomberos de la Generalitat, Manel Bosch Serch.

Andalucía: el funcionario que tiró de la manta

Los casos investigados en casi todas las autonomías españolas se están unificando en una macrocausa en la Audiencia Nacional, pero para entender el fondo del problema hay que conocer las diferentes fuentes de las que se alimentaba, y se alimenta, el cártel del fuego. El primer caso que vio la luz en los medios de comunicación fue el denunciado en Valencia, en 2014, por un exgerente de Avialsa, Francisco Alandí. La trama se remontaba a 2012. Ese año, 9 meses antes de que Alandí dejara la empresa, éste contrató los servicios de un técnico informático para introducirse en el ordenador de otro gerente de Avialsa, el hoy investigado Vicente Huerta Domínguez. Sabía lo que buscaba, y dos años más tarde Alandí acudiría a la policía con los documentos privados que demostraban que Vicente Huerta había conseguido contratos por valor de 33 millones con el gobierno valenciano y la consejería de Sanidad de forma fraudulenta.

Y si bien en Valencia la primera denuncia surgió del ámbito privado —probablemente fruto de una venganza o de un intento de extorsión a Huerta por parte de Francisco Alandí—, en Andalucía lo hizo desde el ámbito público. El 9 de noviembre de 2015, Jaime González Díaz, funcionario del servicio de contratación de la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, denunció una serie de irregularidades en los contratos firmados para el Plan Infoca 2015-2018 —plan de la Junta andaluza para la lucha contra los incendios en parajes naturales—, y ponía así la primera piedra para entender que el cártel del fuego no se había atrincherado únicamente, ni mucho menos, en territorio valenciano.

Después de 12 años trabajando para la Administración y de escuchar decenas de historias sobre corruptelas, “lo más grosero y descarado que la gente se pueda imaginar”, el funcionario público se decidió a acusar a algunos compañeros y, sobre todo, jefes de su departamento. Jaime González accedió a hablar de su situación, de lo que significa enfrentarse a un gigante como la Junta de Andalucía, y sus palabras, su historia, suenan escalofriantes.

González afirma que en Andalucía la corrupción llega hasta las entrañas mismas del funcionariado, y en relación al llamado cártel del fuego asegura que “es la Administración de la Junta de Andalucía la que hace los trucos para que no se detecte el cártel. No es que no hagan nada en contra del cártel o le favorezcan incluso, sino que realiza una serie de actuaciones y omisiones ilegales para ocultar que la colusión se produce, como valorar criterios de solvencia como criterios de adjudicación para que las empresas se lleven algún punto, o no publicar en el perfil del contratante qué empresas se han presentado. En Andalucía no hace falta que se haga un cártel porque ya la Junta les da un cheque en blanco que va contra la más elemental normativa de contratación”.

Cuando acudió al Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla, González denunció “irregularidades e indicios de posibles actuaciones delictivas”, lo que llevó a la Policía Judicial a confirmar, en el atestado de noviembre de 2015, que “se vislumbra cómo efectivamente las empresas que licitan en los distintos concursos del Plan Infoca —a la sazón Inaer, Sociedad Aeronáutica Peninsular, Trabajos Espejo, Saeta y Faasa Aviación— parecen responder a un patrón fijo de adjudicación, observándose por tanto indicios de colusión ilícita de empresas, o el equivalente en Derecho Penal: acuerdos para la alteración de concursos públicos”. La Policía Nacional pidió a la Junta la relación de subvenciones e incentivos recibidos por Faasa entre 2003 y 2015, ya que las sospechas apuntaban a que era esta empresa, con sede en Córdoba y al parecer anfitriona de las reuniones celebradas por el Grupo 6, la que encabezaba la trama en Andalucía.

“Yo he intentado buscar”, declara Jaime González, “en qué puede beneficiarse la Administración dando 300 millones de euros a precios corrientes desde 2003 a Faasa y al resto de empresas solo por los medios aéreos del Plan Infoca. Son redes institucionales y formas de actuar, son modus operandi, ellos juegan con el grado de tolerancia de la gente, ven hasta dónde pueden llegar sin que salte el negocio, y luego tiran por ahí”. En efecto, el presupuesto de licitación de los cinco lotes del Infoca era de casi 70 millones de euros, y Faasa acabó por llevarse el premio gordo, el lote número 5, por valor de 43 millones.
González amplía el grado de corrupción a otros ramos de la administración, a todo lo relacionado con los contratos públicos, las subvenciones e incluso los famosos cursos de formación de la Junta. “Desde los sindicatos de bomberos al parecer no ha habido una buena acogida —para presentarse en la causa—, y eso que denuncian habitualmente que la Junta les escatima y les recorta en equipos, en material, en medios materiales y personales. Creo que todo viene motivado porque Juan Espadas, el actual alcalde de Sevilla (PSOE), cuando ejercía como alto cargo de la consejería de Medio Ambiente facilitó a la cúpula de estos sindicatos unas prejubilaciones muy generosas, financiadas por el fondo de reptiles que incumplían la legalidad, y que están siendo investigadas por la Justicia”.

María de los Reyes Flores Canales, la juez de la Audiencia Nacional que aceptó el caso por la “propia complejidad de la causa”, asegura en el auto que “se ha producido un daño patrimonial contra una multiplicidad de sujetos pasivos de las acciones imputadas, pues no sólo se daña el interés económico de cualesquiera otros competidores del sector, sino el funcionamiento de diversas administraciones e instituciones”. Muchas veces, el cártel llegaba a maniobrar para dejar los concursos desiertos, obligando así a las administraciones a elaborar nuevos concursos con mejores condiciones para las empresas. Esto implicaba dejar a los entes públicos sin medios para combatir los fuegos hasta que se redactaban, aprobaban y sacaban a concursos los nuevos contratos.

En diciembre de 2015, declaraba como imputado el jefe de la Mesa de Contratación del Plan Infoca, Antonio Martínez López. En enero de 2016 se enviaba copia de las diligencias al Juzgado de Instrucción de Sagunto, informando de que se estaban realizando investigaciones en Sevilla por un caso similar al investigado en Valencia, y se iniciaba la cadena de imputaciones, detenciones, registros y declaraciones judiciales en relación a la trama andaluza: Miguel Ángel Martínez Ridao y Miguel Ángel Martínez Bonilla, por Saeta; Antonio Miguel Román Guillén, por Sap Aviación; Manuel González Gabaldón, Héctor Tamarit Almagro, Miguel Ángel Tamarit Campuzano y Javier Ortiz Marín, por Faasa, y Fernando Espejo Delgado por Trabajos Aéreos Espejo. Más adelante las investigaciones se extenderían a las 14 empresas incluidas en la trama por la Audiencia Nacional.

Jaime González se enfrenta cada día al acoso de jefes y compañeros en una batalla judicial que se ha extendido a su vida laboral y personal. “Con el sistema que tenemos, establecido, no por los gobiernos autonómicos como te quieren hacer ver, sino por el Congreso de los Diputados y a pesar de la Constitución de 1978, la situación actual es que es mucho más fácil echarme a mí la calle con cualquier falsa excusa, por vana que sea, que echar a un corrupto, haga lo que haga”.

Como afirma Jaime González, a veces su peor enemigo es el pesimismo. “Cuando les acusan a ellos de llevarse, imaginemos, 90 millones de euros que es el importe del contrato de medios aéreos del plan Infoca para 2015-2018, el que está vigente y yo denuncié…, primero, en el juzgado no hay medios para impulsar una clase de acusación de ese tipo en el que hay involucrados tales cantidades y tales volúmenes de documentación; segundo, un abogado de la Junta experto en esos temas les defenderá a tiempo completo y de forma gratuita; tercero, los que se supone que están de tu parte son el juez y el fiscal, Y si el que va a estar de mi parte es el fiscal Moix —Manuel Moix— o De Llera —Emilio De Llera—, mejor que no te ayuden; cuarto, hay un límite temporal a las causas de corrupción que lo puso hace poco el Partido Popular; quinto, muchos están aforados y serán juzgados por jueces que ellos mismos han nombrado; sexto, los delitos del título XIX del código penal, delitos contra la Administración Pública, imponen unos tipos penales altamente inoperantes y poco sistemáticos. La prevaricación es el único delito del código penal que no tiene cárcel, solo inhabilitación, y séptimo, los pueden incluso indultar si todo lo de atrás no ha surtido efecto; de hecho es lo más corriente, me remito al BOE, de donde se extrae que la mayor parte de los indultos se producen por condenas de corrupción.

Incluso existe otra causa paralela por las presiones y amenazas recibidas por González, admitida por la juez Flores Canales por acoso laboral. “En cuanto a la gente que está de mi lado”, asegura, “en mi causa se han personado tres entes: Ecologistas en Acción, CGT y Podemos. Los que no me van a apoyar son los que hayan pillado algo de los 300 millones de euros desde 2003 —yo tengo pruebas de que el contrato del INFOCA se realizaba desde 1994 al menos— a precios corrientes —sin actualizar— que estas empresas consiguieron solo por los amaños de los medios aéreos del Plan Infoca —sin añadir otro tipo de contratos ni otro tipo de ayudas como fondos de formación—. En Sevilla los contratos siguientes —2018 en adelante— los están planificando para que sigan igual”.

Empresas investigadas por prender fuego a los bosques:

1. AVIALSA, T-35, siendo el beneficiario el socio único, VICENTE HUERTA DOMÍNGUEZ, si bien, siendo partícipe en el mismo, FRANCISCO ANTONIO ALANDI ESCRG
2. FUMIGACIÓN AÉREA ANDALUZA, S.A., (FAASA), representando a la misma, MANUEL GONZÁLEZ GABALDÓN, HECTOR TAMARIT ALMAGRO, MIGUEL ÁNGEL TAMARIT CAMPUZANO y, JAVIER ORTIZ MARTÍN
3. COMPAÑÍA DE EXTINCIÓN GENERAL DE INCENDIOS, S.A., (CEGISA), que del mismo modo incluía a las siguientes; INAER AVIONES ANFIBIOS, S.A., INAER HELICOPTEROS, S.A., HELICSA HELICOPTEROS, S.A. y TRANSPORTES AÉREOS DEL SUR, S.A., representando a la misma, RUBEN MARIANO GARCÍA PASCUAL y JAIME ARQUE GINERNAU
4. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ RIDAO, no solo como empresario individual, sino del mismo modo respecto de MARTÍNEZ RIDAO AVIACIÓN, S.L., y SERVICIOS AÉREOS EUROPEO Y TRATAMIENTOS AGRÍCOLAS, S.L., en adelante (SAETA), representadas por aquél, y por MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ BONILLA
5. TRABAJOS AÉREOS ESPEJO, S.L., representada por FERNANDO ESPEJO DELGADO
6. TRABAJOS AÉREOS EXTREMEÑOS, S.L., compareciendo en representación de la misma, SANTIAGO EDUARDO GARCIA CID, en lo que se refiere a la llamada “Asociación” o “Grupo 6”, si bien, también gira en torno de las siguientes empresas, en cuanto a servicios de que le son accesorios
7. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMPAÑÍAS AÉREAS, (AECA), representada por Dámaso Castejón Amenedo
8. HELICÓPTEROS SANITARIOS, S.A. representada por María José Cañete Sánchez
9. COYOTAIR, S.A. representada por Francisco Lucas Muelas
10. SKY HELICÓPTEROS, representada por Josep Teno Pujol
11. HELICÓPTEROS DEL MARE NOSTRUM, S.A., representada por José María  Montalt Saurí
12. TAF HELICOPTERS, S.L., representada por Josep Carol Quintán
13. HISPÁNICA DE AVIACIÓN, S.A. representada por Francisco Julián Ríos Campuzano
14. SOCIEDAD AERONÁUTICA PENINSULAR, (SAP AVIACIÓN SA), representada por Antonio Miguel Román Guillén

Copi-pega de:
http://ctxt.es/es/20170906/Politica/14827/ctxt-incendios-corrupcin-portugal-Avialsa-Faasa.htm

13/10/17

Actores de crisis en Barcelona

Poco tiempo antes del proceso de independencia  (la del SI ...pero NO) por parte de la rebautizada CIU, (partido de derechas de los más ladrones de España), Cataluña saltaba a los medios internacionales y era portada de la mayor parte de ellos, (que oportuno), por varios atentados terroristas.

Poco que añadir al vídeo, solo verlo y que cada cual saque sus conclusiones.

Víldeo:Noticias Fabricadas y Actores de Crisis nº 9 - Rambla de Barcelona y Cambrills Crisis, 17/08/17

10/10/17

La numerología del "proces"

Por supuesto, esto solo es una paranoia, casualidades que nada representan en nuestro mundo científico y avanzado donde todo tiene explicación racional.

1 10 2017  ------> 1  1  1   

ó tomando el lema utilizado, ( 1 Octubre) ---->  1 0 1

10 10 2017 -----> 1  1  1

Ale, seguir viendo la tele tranquilos, que aquí no ha pasado nada.

8/10/17

Los globalistas padres del nacionalismo vasco.

Historia de como La familia Rothschild y los servicios secretos Estadounidenses crearon el embrión de lo que más tarde sería ETA. Se puede comprobar que esta "apareció" al poco de desaparecer Airedale.

Todo está bajo control, todos los hilos parten de la misma mano y la sangre siempre brota de los mismos cuerpos, que nunca son los suyos.

 Copi-pega de El diario.es

 Airedale: una organización paramilitar vasca al servicio de Estados Unidos


El primer Gobierno de Euzkadi, con amplios poderes pero casi sin territorio para ejercerlos, se constituyó en octubre de 1936, en plena Guerra Civil, con José Antonio Aguirre (PNV) como lehendakari. 
Aguirre, además de la Presidencia, asumió también las tareas de consejero de Defensa, que incluían las políticas de Seguridad y la creación del Servicio Vasco de Inteligencia (SVI, la CIA vasca). Derrotados por los franquistas en 1937, los vascos en el exilio mantuvieron en la posguerra y durante la II Guerra Mundial esas estructuras políticas y, de hecho, fue en aquellos años cuando el SVI alcanzó su máxima operatividad. Es conocido cómo Aguirre, en Nueva York, puso esta agencia al servicio de la OSS estadounidense (el precursor de la CIA) y cómo reclamó armas para una posible operación para derrocar a Franco. También que hubo una estrechísima convivencia con el SOE británico. Ahora, una investigación historiográfica de Pedro J. Oiarzabal y Guillermo Tabernilla saca a la luz que, en 1945, el SVI no sólo colaboró con Estados Unidos, sino que bajo el nombre de Airedale pasó a convertirse en uno de sus brazos paramilitares en Europa.
Para comprender la gestación de la organización Airedale hay que viajar a la Francia ocupada, a Pointe de Grave. Allí, del 14 al 20 de abril de 1945 el batallón de “gudaris” Gernika tuvo un papel relevante contra los alemanes. Pero, secretamente, el 7 de abril ya se había decidido de mutuo acuerdo entre Estados Unidos y Euzkadi que esa unidad no sería desmovilizada. “Pointe de Grave no supuso la inmediata desmovilización de los ‘gudaris’, si bien eran muy pocos los que conocían que el papel que se reservaba a muchos de aquellos hombres que habían sobrevivido a uno de los últimos combates de la guerra en Europa les llevaría a ser adiestrados en las inmediaciones de París por uno de los mejores y más experimentados equipos de instructores formados por la OSS”, apuntan Oiarzabal y Tabernilla.

114 agentes adiestrados

En un principio, el lehendakari Aguirre consideró poner 1.000 hombres al servicio de la OSS. Luego se rebajaron las expectativas a 500 y finalmente fueron 114 y un religioso, el capellán Iñaki Azpiazu (también había cocineros de la tierra). Además de los supervivientes del “Gernika”, se unieron a Airedale miembros del SVI en el Reino Unido y algunos otros procedentes de España. Todos ellos nadaban en la “absoluta ignorancia” de cuál sería su misión. La selección corrió a cargo del alférez estadounidense Edward W. Andrews (Chicago, 1916) y, por parte vasca, del militante del PNV Primitivo Abad (fallecido en 2005 casi centenario).

El objetivo de Washington D.C. en aquel arranque de 1945, después de años en que los vascos habían actuado como espías, era conformar un brazo paramilitar operativo para llevar a cabo operaciones de “hit and run” (“golpear y correr”, en inglés) en un escenario en el que preveían resistencia e insurgencia alemana tras la caída de Adolf Hitler. El modelo era el que empleó el SOE británico en la Francia ocupada. En principio, descartaron las ejecuciones extrajudiciales de nazis. Como Airedale, la OSS había conformado otros grupos de contrainsurgencia llamados Cross o Keats, aunque de los tres era el vasco el que tenía más presupuesto (152.000 dólares de la época). De los vascos, según un informe confidencial de la OSS aportado por Oiarzabal y Tabernilla, se apuntaba que “han tenido una larga experiencia en actividades de resistencia dentro de su propio país y conocen a fondo todos los aspectos de la guerra de guerrillas”.

Y se abundaba: “Están motivados en gran medida por el deseo de servir en combate real contra el ejército alemán, que hasta ahora les ha sido imposible hacer [...] De nosotros desean simplemente la paga básica y el seguro que se proporciona a un soldado de combate. Las motivaciones detrás de la oferta de servicio de este grupo son tales que podemos razonablemente esperar que su deseo de cooperar continúe durante un tiempo considerable más allá del final de las hostilidades reales con Alemania”.

La abadía de Rothschild cerca de París
Para formar a los “airedales” se eligió la abadía de Notre Dame de Vaux en Cernay-la-Ville, a 50 kilómetros de París, donde el Gobierno de Euzkadi tenía su sede. Hasta allí llegaban en camiones con código HQCOM/Z de los Estados Unidos. El lugar era propiedad del barón de Rothschild, por lo que se conoció también a esta misión como los “comandos Rothschild”. El nombre de Airedale, de hecho, sólo se descubrió en 2016 merced a la tesis doctoral de David Mota y su verdadera dimensión ha salido a la luz en 2017 fruto del análisis por parte de Oiarzabal y Tabernilla de decenas de documentos desclasificados por la CIA y de archivos personales.

La historiografía había interpretado de manera limitada que los “comandos Rothschild” eran simplemente un embrión de la futura policía vasca que Euzkadi planeaba para cuando España cayera como Alemania e Italia tras el final de la II Guerra Mundial. Así se puede ver también en todos los obituarios de Abad.

La formación de Airedale, que se inició el 26 de abril de 1945, dependió de la sección SO (Operaciones Secretas) de la OSS, mientras que la sección X-2 (contraespionaje) cribó a los candidatos para evitar infiltraciones. Un vasco fue apartado por haber trabajado en Alemania. Los instructores, además de Andrews, fueron Maurice M. R. Basset, René “Bazooka” Dussaq, el experto en artes marciales William E. Fairbairn, Louis G.V. Hyde y “Jack” LeBaigue.

En los archivos de la CIA consta un documento titulado “Records relating to Project AIREDALE, to recruit, train and employ 150–200 Spanish nationals to carry out short-range sabotage activities immediately behind enemy lines” (“Información sobre el Proyecto Airedale para reclutar, entrenar y emplear a 150-200 nacionales españoles para llevar a cabo actividades de sabotaje de pequeño alcance inmediatamente detrás de las líneas enemigas”). Allí figuraban la “asignaturas” teórico-prácticas que les fueron impartidas en la abadía de Rothschild: Armamento, Prácticas de tiro, Exploración, Táctica de pequeñas unidades, Manejo de explosivos, Lectura de mapas, Seguridad, Apertura de cerraduras con ganzúa, Problemas diurnos, Prácticas de tiro nocturnas, Problemas y ejercicios nocturnos, Minas y trampas y Prácticas de sanitario.

Expertos en la ‘muerte silenciosa’
Había una lección más: “Muerte silenciosa”. Consistía en formación en “técnicas de eliminación de personas sin ruido”. Se basaban “en el manejo del cuchillo diseñado por el propio Fairbairn [el experto en artes marciales], además de en técnicas de asalto con rifle y granadas”. Airedale contaba con el arma Welrod, la “pistola de los asesinos” y que estaba dotada con silenciador. Sólo la OSS, el SOE y otras unidades de elite contaban con este material en la época.

Explican Oiarzabal y Tabernilla que organizatívamente Airedale se estructuró en dos secciones, cada una de 50 hombres que se dividían a su vez en tres grupos (“troops”). El 51% eran vizcaínos, un 38% guipuzcoanos, un 6% navarros y solamente había un alavés. También había un burgalés de Miranda de Ebro y nacidos en América Latina. La edad media de la fuerza era de 35 años, aunque Juan José Arenaza, de Bermeo, sólo tenía 17. Cobraban 6.000 francos (120 dólares) y seguían el manual del Ejército de los Estados Unidos. Tenían instrucciones de decir que eran militares mexicanos si eran detectados, aunque la discreción era una exigencia.

La historiografía había interpretado que el 8 de mayo de 1945 el batallón Gernika había viajado a París para participar en el desfile de la victoria en Europa. No es falso, aunque lo cierto es que esos hombres eran ya “airedales” acantonados en Rothschild. Fue la única vez que tuvieron el visto bueno de las autoridades para abandonar la abadía, aunque hubo otras fugas no consentidas.

A la frontera con España
Pero la primera fase de Airedale acabó pronto. El 29 de junio, William J. Donovan, jefe de la OSS en Washington D.C., recibió la instrucción de abandonar Airedale y las otras operaciones secretas. Se avecinaba el final de la propia OSS, que para el gobierno empezó a carecer de sentido finalizada la II Guerra Mundial (en Europa). A partir del 9 de julio, los vascos fueron abandonando la abadía y el 10 a la noche hubo incluso una velada de boxeo como despedida. ¿Fue el final de la colaboración vasca con Estados Unidos?

Oiarzabal y Tabernilla explican que no. Aunque el plan inicial nunca llegó a ponerse en práctica, Airedale se reestructuró y se decidió “crear al menos tres grupos de carácter paramilitar” liderados por Abad y otros hombres leales al PNV y a Aguirre. Abad encabezó la unidad más “selecta”, pero también se formó otro grupo de ex “gernikas”. Ambos se trasladaron a la frontera de España con Francia, donde entre 1945 y 1946 Estados Unidos montó una universidad militar que también fue nido de operaciones secretas de espionaje. El tercero, bajo el mando de Pablo Beldarrain, actuó en el interior de España “con la intención de realizar alguna acción armada” aunque con “nula” repercusión. No contaron con excesivos recursos y el PNV nunca apoyó abiertamente una estrategia de esas características.

Entre el equipo de Beldarrain se hallaba un joven Genaro García de Andoain. Más tarde, García de Andoain sería rescatado por el primer consejero de Interior en democracia, Luis María Retolaza, para conformar el embrión de la actual Ertzaintza. Este agente dirigió los servicios de Información de la Policía autonómica (AVCS, UIA, DAI y ahora OCI) y acabó asesinado por ETA en una operación antiterrorista en 1986.

Mientras la OSS quedaba disuelta al terminar la II Guerra Mundial y se reconvertía en la CIA en 1947 pasando por las provisionales SSU y CIG, la colaboración vasca se mantuvo al menos hasta 1950, según los historiadores. En 1951 el panorama político cambió de raíz ya que Estados Unidos no sólo descartó intervenir contra Franco, sino que reconoció a la España dictatorial otorgándole un importante aval internacional. El lehendakari Aguirre falleció en París en 1960 y le sucedió como presidente vasco en el exilio el espía británico Jesús María Leizaola.

El falso mito del uso del euskara en la II Guerra Mundial
Durante años, las estrechas relaciones entre el Gobierno de Euzkadi y Estados Unidos se habían utilizado como un punto de prestigio sobre el papel de los vascos a favor de los aliados en la II Guerra Mundial. La mitificación de estos hechos llegó a tal punto de que ha sido corriente leer en medios prestigiosos e incluso en discursos de lehendakaris de la democracia que Estados Unidos utilizó el euskara para dar la orden de intervención en un episodio bélico crucial, la batalla de Guadalcanal, de similar manera que se habían empleado lenguas nativas de indios americanos para evitar que los planes se frustraran. La investigación de Pedro J. Oiarzabal y Guillermo Tabernilla, concluye que no hay evidencia empírica del uso de la lengua vasca por parte del Ejército estadounidense, aunque sí la hay de que personas de origen vasco se enrolaran. Hay dos piezas que no encajan en la historia. La primera, que sería poco inteligente haber empleado el euskara cuando Japón, que había invadido Filipinas, podía contar con los muchos vascoparlantes allí residentes. Y la segunda, que a quien se atribuye esa orden, el mando militar Frank D. Carranza es un personaje que ni siquiera existe en los registros oficiales de Estados Unidos. La historia la contó la primera vez el Eusko Deya”, el períodico oficial del Gobierno de Euzkadi, en 1952, cuando Carranza aparentemente visitó San Sebastián.

La refritó al poco una publicación franquista llevando el agua a su molino, como una heroicidad española en la II Guerra Mundial. Antes también se aludía al personaje en 1945 en la frontera francoespañola, en la universidad militar. La tercera y última aparición del militar es la de su muerte. En 1979, el actual “Deia”, afín al PNV, cuenta que falleció atropellado en la Gran Vía de Nueva York. Por supuesto, en esas fechas no hubo ningún suceso semejante en la principal arteria de la gran manzana, sede de la OSS y del propio Gobierno de Euzkadi cuando Aguirre residió allí. Una de las hipótesis de Oiarzabal y Tabernilla es que Carranza o fuese un nombre falso de un agente de inteligencia o simplemente un personaje ficticio que marcó la pauta de las relaciones entre los vascos y la CIA. ¿Fue su muerte en el periódico “Deia” un mensaje en clave de que Euskadi -ahora con “s”- daba por cerrada su amistad con Estados Unidos unos días después de haber completado la redacción del Estatuto de Autonomía que entraría en vigor en octubre?
 
PD: Los vascos como pueblo tienen todo el derecho del mundo a decidir y a luchar por su independencia, (como el resto de pueblos), cosa que no se pretende aquí poner en duda, solo se intenta hacer ver como tras TODAS las organizaciones y grupos que actúan, sobre todo, de forma violenta sobre el propio pueblo, nunca está  realmente el pueblo.
 
 
 
 

4/10/17

La rabia del pueblo.

La rabia del pueblo nunca puede ir dirigida al pueblo, sino contra los que lo polarizan, los que crean héroes entre aquellos que usan para reprimirnos, aquellos que crean ídolos entre los que nos roban.

Video: Keny Arkana - La rage




30/9/17

Cataluña, el N.O.M. y los otoños occidentales.

Después de las "primaveras Árabes" nos llegan los "Otoños Europeos" y parece que estamos dispuestos a creer en ellos y hasta a partirnos la cabeza por defender a nuestro amo favorito.
Da igual por quien apuesten pero háganlo, la banca siempre gana y no está dispuesta a que nadie salga vivo del casino.


Pregúntense quien montó el casino y quien paga las luces de colores, entonces sabrán por quien están peleando. 





Vídeo: Mouseland



Vídeo: JULIO ANGUITA sobre el conflicto catalán, sin pelos en la lengua.Simplemente brutal!


Vídeo: Reaparece el MAESTRO JULIO ANGUITA 2017! ¿Como resolver el problema de Cataluña y España?

17/9/17

Los colores de mi ira

Poema (más o menos) de una peligrosa terrorista que insulta gravemente al gobierno invasor que ha colonizado su tierra y ha masacrado a su pueblo ...por designio divino (nunca olvidemos que esa es la principal escusa de los asesinos para justificarse).

Video: Rafeef Ziadah - "Las tonalidades de la ira"  (cútremente traducido)


11/9/17

A todos los desplazados.

Palestina, sáhara occidental, Siria, Libia, Irak, Yemen, Sudan, Afganistán... Pero siempre los mismos: nosotros.


Vídeo: Amel Mathlouthi-Naci en Palestina